Gobierno elimina ajustes automáticos: AUH incierta
Proyecto de Presupuesto busca derogar ajustes automáticos de AUH y asignaciones familiares sin fórmula sustituta, generando incertidumbre sobre futuras actualizaciones.
La iniciativa gubernamental de eliminar los aumentos automáticos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares, tal como se desprende del artículo 17 del proyecto de Presupuesto, representa un cambio de paradigma con significativas implicaciones fiscales y sociales.
La derogación de tres disposiciones de la Ley 27.160, sin la presentación de una fórmula de actualización alternativa, abre un escenario de alta incertidumbre. Históricamente, estas fórmulas, si bien a menudo criticadas por su nivel de ajuste, proporcionaban un grado de previsibilidad tanto para los beneficiarios como para la planificación presupuestaria. La ausencia de una nueva metodología deja abierta la puerta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para determinar los incrementos.
Desde una perspectiva macroeconómica, esta medida podría interpretarse como un intento por controlar el gasto público en un contexto de restricciones fiscales. La eliminación de ajustes automáticos, ligados a variables como la inflación o las variaciones salariales, podría ofrecer al gobierno una mayor flexibilidad para gestionar sus finanzas y priorizar otras áreas de inversión o reducción de déficit.
Sin embargo, la contrapartida social es considerable. Los beneficiarios de la AUH y las asignaciones familiares verían comprometida su capacidad de mantener el poder adquisitivo de sus ingresos frente a la inflación. Esto podría traducirse en una erosión significativa del valor real de estas prestaciones, afectando directamente a los hogares más vulnerables y, potencialmente, incrementando los niveles de pobreza.
Las proyecciones futuras dependerán en gran medida de la voluntad política del gobierno para definir un nuevo esquema de actualización, así como de la frecuencia y magnitud de los ajustes que se decidan. Si la decisión apunta a un control estricto del gasto, los beneficiarios podrían enfrentar años de aumentos por debajo de la inflación, mientras que si se busca un equilibrio, se necesitará transparencia y un diálogo social para establecer una nueva fórmula que garantice una mínima protección.
Los mercados y los analistas observarán de cerca el debate legislativo y las futuras decisiones para calibrar el impacto sobre el consumo, la demanda interna y la distribución del ingreso.