
Gobierno elimina ajustes automáticos de asignaciones
Proyecto de Presupuesto busca derogar ajustes automáticos de AUH y asignaciones familiares sin fórmula sustituta. Implicaciones fiscales y sociales a corto y mediano plazo.
La propuesta del Gobierno de eliminar los aumentos automáticos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares, a través del artículo 17 del proyecto de Presupuesto, marca un punto de inflexión significativo en la política de asistencia social argentina. La derogación de tres disposiciones de la Ley 27.160, sin la presentación de una fórmula de indexación sustituta, abre un escenario de incertidumbre considerable.
Desde una perspectiva fiscal, esta medida podría generar un ahorro presupuestario inmediato para el Estado. La eliminación de la movilidad automática, que solía vincularse a la evolución de salarios y haberes previsionales, restringe la presión sobre el gasto público en un contexto de búsqueda de ordenamiento de las cuentas fiscales. Sin embargo, la falta de una fórmula alternativa plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la asistencia social a largo plazo.
La principal preocupación radica en la potencial pérdida de poder adquisitivo de los beneficiarios. Si bien el Gobierno podría argumentar que se priorizarán otras partidas o que se realizarán aumentos discrecionales, la ausencia de una previsión legal clara expone a los receptores de estas asignaciones a la volatilidad inflacionaria y a decisiones políticas futuras que podrían no reflejar adecuadamente sus necesidades básicas.
Las proyecciones apuntan a que, en ausencia de mecanismos de actualización automática, el valor real de las asignaciones tenderá a erosionarse más rápidamente, especialmente en períodos de alta inflación. Esto podría exacerbar la vulnerabilidad de los hogares de menores ingresos y aumentar la brecha de desigualdad. La efectividad de la asistencia social dependerá, en adelante, de la voluntad política y la capacidad recaudatoria del gobierno de turno para asignar fondos suficientes, lo cual introduce un elemento de discrecionalidad y potencial inestabilidad.
En resumen, la medida, si bien busca eficiencia fiscal, genera riesgos de desprotección social si no se implementan mecanismos compensatorios adecuados en el corto y mediano plazo.